Para entender qué es la libertad tenemos que atender a lo que no es.

Por David León Matute para La Independiente Digital.

Ya expusimos en un anterior artículo la razón última por la cuál la gran mayoría de los Estados terminan por ahogar la esencia y la naturaleza del individuo puesto en sociedad. La suplantación de cada vez mayor espacio social, que pertenece a los ciudadanos, y la posterior aniquilación de las relaciones interindividuales, tienden a cercenar el desarrollo personal y, como no, la libertad de aquellos.

Pero, ¿qué es la libertad? O más concretamente, ¿cómo entender un concepto abstracto materializado en nuestra vida diaria? El concepto de libertad ha adquirido no pocas veces el carácter de mito, cuando no se ha particularizado como opuesto a la condición de esclavitud, o peor aún, como un derecho otorgado, una prerrogativa o un privilegio.

El ámbito político de una sociedad jamás puede circunscribirse a la actuación de los partidos políticos o de las estructuras administrativas que gobiernan el Estado. Sin embargo, es precisamente esa la única visión que se nos ha vendido una y otra vez desde los grupos de poder que acceden a los gobiernos o manejan una institución estatal.

La libertad política, la libertad que debe poder disfrutar cualquier ciudadano, no es el libre albedrío personal. Pensamos que somos libres porque podemos hacer tal o cual cosa, pero eso no es libertad dentro de un marco social. Poder realizar multitud de acciones y elecciones sin impedimento de los poderes que nos gobiernan simplemente implica cierta ausencia de esclavitud personal. Jamás la libertad política debiera ser entendida como la oposición o la ausencia de un contravalor, eso la despoja precisamente de todo su valor intrínseco.

¿Debemos alegrarnos por no estar esclavizados? ¡Qué duda cabe! Sin embargo, ese no debe ser nuestro objetivo, nuestra meta como ciudadanos de pleno derecho y abierto desarrollo. La creación del falso opuesto esclavitud/libertad en el ámbito socio-político, la asimilación de la libertad social con el albedrío personal es una confusión interesada por los grupos de poder estatal para hacernos contentar con una situación a medio camino hacia lo que debiera ser una comunidad plena e igualitaria entre sus ciudadanos.

Para entender qué es la libertad tenemos que atender a lo que no es. Ya hemos dicho que libertad no es simplemente libre albedrío. Hacer lo que se nos ocurra en cada momento, tener la posibilidad de actuar y obrar a nuestro antojo sin rendir cuentas a nadie no es libertad, es libertinaje. La diferencia entre la libertad y el libertinaje está en la responsabilidad. La clave para entender porqué la libertad no es un valor personal sino un valor social, y por tanto no tiene nada que ver con el libre albedrío individual, está en que la responsabilidad únicamente puede entenderse en relación a otras personas.

Los animales no poseen libertad dentro de un ámbito social, actúan por instinto y por su único impulso dictado por el libre y simple albedrío. Ningún otro animal los juzga, no está sujeta su actuación a valores morales o comportamientos éticos. Por tanto, es condición necesaria e indispensable para poder ejercer nuestra libertad el hacerlo frente a nuestros iguales, dentro de un ámbito de responsabilidad donde asumamos la consecuencia de nuestras acciones, acciones que serán juzgadas, libremente también, por nuestros semejantes en igualdad de condiciones.

Recientemente el abogado y pensador Antonio García-Trevijano ya ponía el acento sobre esta cuestión en su nuevo libro Teoría Pura de la República cuando indicaba que nuestra libertad no termina cuando empieza la de los demás, sino que nuestra libertad empieza precisamente con la de los demás. No podremos ser realmente libres en una situación en la que los demás carecen de ella, toda nuestra actuación en estas circunstancias será un puro libertinaje, pues no está sometida a juicio de nuestros iguales, no obedece a una respuesta en relación a unos valores morales o éticos sino a nuestro libre antojo, cual puros animales.

Cuando el Poder no posee posibilidad de contestación, no puede ser vetado, enjuiciado o cuestionado, cuando el Principio de Autoridad es el único que impera estamos expuestos al abuso, al desenfreno, al libertinaje de los que ostentan y detentan dicha autoridad. Se establece una suerte de categorías de clases y valores sociales donde toda colaboración y construcción conjunta entre los ciudadanos queda contaminada y tergiversada por el juego del Poder. Esta ha sido la labor realizada desde antiguo, y con mayor virulencia e intensidad en los últimos tiempos, desde los grupos organizados que gobiernan a los ciudadanos. Identificar la ausencia de esclavitud física o la detestable coerción con la libertad en su más amplio sentido, y eximir lo más posible a los ciudadanos tanto de las consecuencias de sus acciones como de la necesidad de sus decisiones.

El Estado se convierte así en el último garante de la libertad individual, él es quién nos protege de nosotros mismos y para ello se arroga el derecho a usar legítimamente la fuerza. Ningún otro ciudadano tiene derecho a ello, siempre debe acudir al Estado para su defensa personal, incluso cuando se trate de agresiones que pongan en peligro su integridad física, so pena de “tomarse la justicia por su mano”. El Estado se ha convertido en nuestro padre, en un ente solidario que asume todas las responsabilidades de sus ciudadanos, éstos ya no necesitan preocuparse ni por la educación de sus hijos, qué deben aprender o qué no, cuándo y cómo. Tampoco han de preocuparse de su salud o su futuro ya que el Sistema Sanitario o de Seguridad Social proporciona no sólo los servicios sino las decisiones a adoptar: el dinero invertido en la pensión, el seguro médico, los productos que debe consumir, las vacunas que debe recibir, etc. Pareciera que sin el Estado no podríamos vivir. Es por eso que el bondadoso Estado de Bienestar es tan necesario y demandado.

Pero la única razón de ser de este Estado bienhechor es la de perpetuarse a sí mismo y proporcionar estabilidad al Sistema creado. Para ello es necesario que los ciudadanos sean mantenidos en un estado de minoría de edad social, e incluso que se vea como a adolescentes rebeldes a aquellos que no quieran plegarse a los designios de “papá”. Continuamente se proponen desde el ala progresista del Sistema más y más subvenciones y ayudas estatales, nuevos derechos positivos otorgados por los parlamentos o decretos gubernativos, nuevas y maravillosas fórmulas de administración y de gestión de ciudadanos y recursos, todo para que vivamos mejor, como jamás haya vivido ser humano alguno que haya pisado el planeta. Y todo ello a la par que va en aumento el número de situaciones y circunstancias en las que el ciudadano queda exento de responsabilidad. Un ciudadano así estatalizado no es más que un ciudadano irresponsable.

Todas las obligaciones impuestas a los ciudadanos provienen de ámbitos de decisión muy ajenos a él, no son elegidas ni consensuadas ni sopesadas por ellos tras un debate entre sus iguales. Son los grupos de poder que acceden a los gobiernos los que dictan las normas a su antojo, cuando no en beneficio propio, y bajo el parámetro de estabilidad y control social. En estas circunstancias el ciudadano no es libre social ni políticamente. No participa de las leyes ni del gobierno, y se le hace creer que su participación, únicamente cada cuatro años en las urnas, es suficiente.

Muchos aducirán que es imposible hacer que el ciudadano se interese de estas cuestiones o que es materialmente imposible una acción eficaz y rápida de toda la ciudadanía en las tareas de gobierno, por eso la necesidad del parlamentarismo y la representación política. Ciertamente en este estado de cosas es difícil imaginar una situación en la que todos y cada uno de los ciudadanos de un Estado moderno participen activamente de las tareas políticas y las actuaciones sociales en beneficio conjunto para todos. Es ahí donde está el problema. El Sistema no da más de sí, el sistema no puede proporcionar otra cosa más que para lo que se construyó, ejercer el poder de un grupo de forma articulada sobre una gran masa de individuos. El Sistema, visto desde ese parámetro, es perfecto, y va refinándose y mejorándose continuamente. Ya aducimos en un artículo anterior sobre la dimensión ideal del Estado para que éste pudiese introducir en sus órganos de gobierno la decisión de los ciudadanos de modo democrático y con participación directa. Y es esta sobredimensión de la estructura estatal la que imposibilita el ejercicio ciudadano de la responsabilidad. El aislamiento político del ciudadano común es más que evidente, únicamente ejercido através de los órganos de partido cuyo corte es claramente mafioso y conseguidor, ventajista y privilegiado. En estos términos la palabra democracia adquiere toda su potencia manipuladora y es completamente subvertida con la introducción de la representación.

En un mundo dominado por la imagen y la opinión, donde los grandes medios de comunicación son todopoderosos y omnipresentes, el asalto intelectual sobre la reflexión del ciudadano es constante. La sobresocialización nos aleja cada vez más de la necesaria reflexión personal ciudadana y nos introduce en un marasmo de corrientes de masas y alienación intelectual. Creemos que nuestro derecho político está cumplido con el simple ejercicio de la representación cuando delegamos nuestra responsabilidad en otro ciudadano integrante de esos grupos organizados que aspiran con ansia el Poder y la autoridad de los órganos estatales. Es una simple cuestión psicológica en la que los individuos creen estar exentos de responsabilidad cuando las consecuencias de sus actos no implican de manera directa e inmediata un resultado, cuando la responsabilidad es derivada parece no existir. Sin embargo, no es más que un pernicioso ejercicio de reducionismo plenamente alentado desde el Poder bien conocedor de esta circunstancia, bien conocedor de la sociología y la psicología que envuelve a las masas.

Otra forma de esconder o eludir la responsabilidad social ha consistido en la despersonalización de la vida política de muchos de los integrantes de los órganos de Poder y que detentan las autoridades estatales. Los abundantes órganos colegiados han servido generalmente para ocultar la responsabilidad de sus miembros con la mera excusa de la diversidad o representatividad. Cualquier integrante puede sentir cierto alivio en la toma de decisiones directas si se siente arropado por un grupo homogéneo formado por miembros que se hallan en su misma circunstancia. En la gran mayoría de los casos numerosas autoridades colegiadas son totalmente anónimas para los gobernados e incluso el sentido de sus votos puede llegar a ser secreto o emitirse a puerta cerrada.

Cuanto más complejo es el sistema adminitrativo y funcionarial menor grado de contacto con la responsabilidad poseen los gobernantes. La delegación de numerosas tareas tipificadas en normativas y códigos ―cada vez más numerosos, enrevesados y hasta contrapuestos― acrecienta el sentimiento de despersonalización de la tarea gubernativa. El Estado, como maquinaria enorme y compleja, está desposeído completamente de carácter personal y se convierte en una herramienta tremendamente eficaz contra el ciudadano que ve con impotencia cómo un ente abstracto le aplasta sin posibilidad de resistencia. Como ya indicábamos en nuestro primer artículo esta desproporción posee carácter no ya dramático sino trágico para los ciudadanos. No obstante, los organizados grupos que ejercen el Poder son bien conocedores de este hecho y cada vez más el Estado es utilizado para ejecutar acciones, deseos y órdenes aparados en el anonimato criminal que aporta la maquinaria estatal. Numerosas leyes y normativa es evacuada de los órganos del Poder donde auténticos especialistas legales aprovechan los vericuetos del Sistema para introducir los procesos necesarios conducentes a conseguir los intereses particulares de éstos grupos, con beneficio propio aunque difuso dentro de la excusa del llamado “bien común”. Toda esta complejidad es el pan nuestro de cada día de los integrantes del Poder que dedican gran parte de su tiempo a las intrigas en detrimento de la labor gubernativa y a liderar efectivamente la sociedad. La gran mayoría de los ciudadanos es completamente ajena a esta realidad, muchos desconocen incluso los principios más básicos que rigen el Estado y articulan su poder. Todo esto se produce, como ya hemos dicho, gracias a la necesaria desconexión entre hechos y consecuencias, a la imposibilidad de integrar a la mayoría de los ciudadanos en los procesos políticos que les atañen, tarde o temprano, de forma muchas veces indirecta. Y aquí tenemos una verdadera falta de responsabilidad ciudadana que realiza una peligrosa dejación de funciones, con la la evidentemente tóxica, perniciosa y criminal falta de responsabilidad de las élites gobernantes como consecuencia, que al no tener que responder ante ciudadanos iguales y formados pueden permitirse el lujo de ejercer con impunidad el libertinaje más asqueroso y bárbaro.

No es otra la razón por la cual en este cada vez más complejo mundo estatolátrico asistimos a numerosísimos casos de corrupción política, abuso de los grupos dominantes, dispendios gubernativos, etc. La responsabilidad de los gobernantes es realmente limitada y sólo responde a la lógica del voto, nada más. Cualquier gobernante queda eximido de cualquier otra responsabilidad en su acción de gobierno, ya puede arruinar un país, llevarlo a la bancarrota, embarcarse en guerras odiosas o fratricidas, o faltar a la ética de la moralidad que sólo será juzgado ―a veces ni eso― en caso de incurrir en algún delito tipificado, y sólo tras ser desaforado, donde sus iguales de clase han de retirarle previamente la confianza de grupo mafioso cual consejo de señores feudales.

Esta imperfección política del sistema estatal, consumado en el parlamentarismo representativo que vivimos hoy mayoritariamente, es perfectamente aprovechada por las élites dominantes del Poder. Escamotean cualquier debate serio sobre la realidad y el auténtico valor de la organización estatal, privan a sus ciudadanos de la reflexión necesaria para convertir a la sociedad en un ente dinámico capaz de dar respuestas a los retos que ha de enfrentarse ante un mundo cambiante. Cualquier sistema estatal ha tenido su razón de ser y su momento de gloria, pero con el avance del tiempo histórico todos ha padecido de la esclerosis evidente que les imposibilita para hacer frente a los cambios para los cuales no se amolda. Sin embargo, todos los grupos de Poder que son beneficiados en su status hacen lo posible por preservarlo ya que son los ganadores y los que poseen los privilegios necesarios para seguir apuntalándolo. A lo largo de la Historia se han sucedido múltiples sistemas de gobierno y modelos sociales: desde teocracias, republicanismos, democracias, feudalismos y absolutismos, junto al mercantilismo, fascismo, comunismo, capitalismo, etc. Todos ellos fenecen por esclerosis, no sin antes ofrecer grandes dosis de abuso, brutalidad, destrucción, rapiña e innumerables efectos colaterales altamente perniciosos antes de su desaparación; la mayoría de las veces contra el propio pueblo gobernado que los padece.

Es labor del Estado, como perfecta maquinaria engrasada para ejercicio del Poder, autojustificarse ante sus ciudadanos, crear las condiciones necesarias para que sean estos propios ciudadanos los demandantes de sus ayudas. Es por ello necesaria una labor de manipulación y adoctrinamiento conducente a abastecer de la visión estatolátrica necesaria al cuerpo social. El mantenimiento de determinadas carencias que son suplidas con ayudas y subsidios estatales crea una enorme masa clientelar que con verdadero síndrome de Estocolmo demandará más Estado y sus parabienes en forma de ayudas y subvenciones cual maná caido del cielo. Sin embargo, insistimos, no deja de ser un ejercicio de irresponsabilidad al diferir los costes económicos y sociales, y difuminarlos dentro de una compleja red de procesos administrativos y funcionariales. La manida excusa del “bien común”, la necesidad de correción de las desviaciones para la obtención de una lógica igualdad es el producto de unos procesos de manipulación coronados por el márketing político desplegado en programas de partidos. Numerosos programas estatales no son más que una auténtica estafa diferida en el tiempo y/o el espacio social. Esquemas de Ponzi o piramidales de cobertura de Seguridad Social, espirales criminales de endeudamiento público, adoctrinamiento de los Sistemas Educativos, etc. son perfectas herramientas para ocultar las responsabilidades directas de la actuación política de los gobernantes y también de la irresponsable delegación de sus derechos y deberes políticos por parte de los ciudadanos.

La creciente complejidad del mundo y el mundo administrativo que rodea a los ciudadanos los tiene subyugados y sobrepasados. La gran mayoría de ellos sólo es capaz de atender a sus asuntos diarios que ocupan la gran mayoría de su tiempo. Sólo son capaces de actuar egoistamente dentro del cuerpo político y social, ofreciendo la más lamentable imagen de idiotas (ἰδιώτης) que denunciaban los griegos clásicos. Ciudadanos privados de sí mismos y observantes únicamente de las ganancias personales o de las acciones directas y sus consecuencias evidentes, sin atender más allá ni a la complejidad del mundo que se despliega ante ellos. Este estado de idiotez social y egoismo personal es impulsado sin descanso desde el Poder, conocedor de que es una de las más poderosas herramientas para desarmar la acción colectiva de los ciudadanos y de su legítimo espíritu político. Se nos surte de entretenimiento fácil tras agotadoras y maratonianas jornadas laborales, se nos mantiene infantilizados en la inmadurez del control del ego y la correcta gestión de los sentimientos, se apela a la emotividad irracional sin el más mínimo análisis lógico, se nos manipula con técnicas de márketing, ingeniería social, o se adoctrina a nuestros chavales en instituciones tóxicas y destructivas como las escuelas, auténticas cárceles del Sistema Educativo.

Todo ello es muestra evidente de los estertores del modelo que se revuelve como un animal salvaje mortalmente herido atacando sin piedad a cualquier incauto que se acerque. En los modernos tiempos el Estado muestra signos de peligrosa mutación con tal de mantenerse y autojustificarse ilegítimamente ante sus ciudadanos. La labor gubernativa totalmente corrupta y envilecida, carente de la más mínima moral y ética se encuentra supeditada al mantenimiento de los grupos del Poder. Poder político y poder económico (¿cómo poder separar de este binomio al Poder moral ejercido actualmente por los medios de comunicación de masas, formadores de valores éticos, conductas, modas y modelos?) se funden en una intolerable actuación de abuso. Asistimos en la realidad de la Unión Europea y numerosos países occidentales al contubernio político con los amigos poseedores de multinacionales, bancos y grandes agentes económicos que informan el rumbo socioeconómico e imponen modelos destinados a sustentar su posición. El Estado sólo ha encontrado, como bien exponía Zygmunt Bauman, la justificación de su existencia en el mantenimiento del orden con actitudes crecientes de corte fascista y totalitaria con la simple excusa de la seguridad. Seguridad vulnerada por el proio Estado y la concesión de privilegios a las castas dominantes que precisamente quebrantan la confianza social con la introducción de miles de cámaras, escáneres y actos que vulneran nuestra intimidad. Y nuevamente los ciudadanos dejamos de ejercer nuestras funciones y deberes sociales cediendo mayores dosis de libertad en pos de la búsqueda de una pretendida seguridad; conviertiendo con ello la sociedad en una masa amorfa de ciudadanos paranóicos y esquizofrénicos. No es de extrañar el aumento espectacular de enfermedades y desequilibrios mentales que padecemos en las llamadas sociedades desarrolladas, problemas de salud que hacen, no obstante, la delicia de la industria farmacéutica concesionaria, muchas veces, por parte del mismísimo Estado.

Es evidente la decadencia social y moral del modelo que no es capaz de amoldarse al cambiante mundo y asistimos a una preocupante mutación que precisamente agudiza aún más los efectos perniciosos que aquí denunciamos. Es el momento de actuar, es el momento de que los ciudadanos tomen las riendas de su conciencia y adquieran el sentido y el valor de la responsabilidad que es lo único que permitirá poder ejecercer su ansiada libertad. Ante los parches que se están aplicando y la ingente cantidad de esfuerzo del Poder por apuntalar el sistema hasta su restauración mutado en nuevo modelo “más eficaz” para sus intereses, sólo podemos esperar con ánimo al fracaso de todas las medidas emprendidas. Es la única solución para acabar con una mentalidad que nos secuestra e idiotiza y terminar con unos grupos de creciente poder que adquieren una experiencia impagable con sus medidas en el gigante laboratorio en que se está convirtiendo el mundo. Ante esta situación, descorazonadora para muchos, sólo resta decir: “cuanto peor mejor”. Hemos de liquidar el modelo, hemos de aprovechar la quiebra del sistema para otorgarle el empujón necesario de su completa destrucción, pero ello no se conseguirá mediante manifestaciones callejeras ni revoluciones de masas al rebufo de un líder cual flautista de Hamelín. No, sólo se conseguirá ocupando la mente de cada ciudadano con un mayor sentido de la responsabilidad y una demanda legímita de libertad donde sea consciente de sus acciones y no eluda las consecuencias que ello implican, ya sean perjudiciales para él ante los errores cometidos. No podemos diferir responsabilidades para un futuro legando a nuestros sucesores una situación intolerable de la que no son culpables, es una miseria social que la Historia no nos perdonará.

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